Cincuenta años de destierro e injusticia para el pueblo Awá

El hostigamiento colonial contra los sobrevivientes del pueblo Avá-Canoeiro, más conocido como Ãwa, sigue vigente. Un nuevo fallo judicial ha reducido su territorio y obligó al pueblo a vivir en áreas inundables y sin acceso al río Javaés. El conflicto se complejiza aún más dada la existencia de un asentamiento de familias campesinas creado durante la década de 1990 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.

Debates Indìgenas, 23 de mayo, 2023.- Hace exactamente cincuenta años, en 1973, durante la dictadura militar, la Fundación Nacional del Indio (Funai) forzó el contacto con 11 sobrevivientes del pueblo Avá-Canoeiro del Río Araguaia, lo que llevó al desplazamiento de la comunidad y benefició a grupos económicos que se apropiaron de su territorio. Tres años después, solamente cinco estaban vivos y, en la actualidad, el grupo supera las 30 personas, como resultado de matrimonios interétnicos. Desde entonces, este pueblo de habla tupí, que se autodenomina Ãwa, ha estado esperando en tierra ajena para regresar a su propio territorio y reunirse con sus parientes. Aquel violento y atroz desalojo fue la culminación de siglos de genocidio y persecución de un pueblo que nunca se rindió al colonizador y que aún hoy sufre sus desastrosas consecuencias.

Ante la injusticia estatal, el pueblo Ãwa logró algunas victorias importantes contra el Estado brasileño que se plasmaron en medidas de reparación: el reconocimiento oficial de la Tierra Indígena Taego Ãwa en 2016, por parte del Ministerio de Justicia (aunque todavía estaba invadida); y tres acciones civiles interpuestas a su favor por el Ministerio Público de la Federación que solicitaban la reparación por daños morales y materiales, el deslinde de tierras indígenas y la protección de familiares “en aislamiento”. El marzo de este año, el Juzgado Regional Federal de la 1a Región decidió, por unanimidad, a favor de la solicitud de compensación, con reducción parcial de los valores. Sin embargo, una inquietante decisión judicial, tomada en noviembre de 2022, revivió la vieja y perenne opresión colonizadora.

Por Patricia de Mendonça Rodrigues*

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