La Amazonía es un bioma estratégico para hacer frente al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad sin precedentes que enfrentamos. Como lo señala el Panel Científico por la Amazonía, esta región regula la variabilidad climática y almacena alrededor de 130 mil millones de toneladas de carbono; lo que representa casi el valor de una década de emisiones globales de dióxido de carbono.
Hablamos de una región que hace posible la vida gracias a la multiplicidad de relaciones y encuentros que se dan entre diversas especies, incluida la humana; donde, además, nace gran parte del agua que consumimos en las ciudades gracias a sus más de 400.000 millones de árboles que, tras procesos de evapotranspiración, forman grandes flujos de agua y producen lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia. El agua de la Amazonía alimenta a Suramérica, desde los Andes hasta el río de La Plata.
Hoy, la deforestación y la degradación de los bosques tropicales representan alrededor del 15% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, por eso, la urgencia de proteger y salvaguardar la Amazonía, como el bosque tropical más extenso y biodiverso del mundo, ha sido reconocida por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC). De hecho, durante la pasada Conferencia de las Partes de esta Convención, COP26 de 2021, 141 Estados firmaron la declaración de los bosques y la tierra comprometiéndose a conservar estos y otros ecosistemas terrestres, así como acelerar su restauración.
Además, 22 donantes -entre ellos Alemania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, países cooperantes que apoyan las acciones para detener la deforestación, la protección de los bosques y la Amazonía en Colombia- y 17 fundaciones anunciaron 1.700 millones de dólares para apoyar de forma directa las acciones de mitigación y adaptación de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales hasta 2025.
Un compromiso histórico que, si bien representa un gran avance en el reconocimiento del papel esencial de los pueblos indígenas y de sus sistemas de conocimiento en la agenda climática no cuenta hasta la fecha con mecanismo efectivo que permita la implementación de estos fondos y que facilite su efectiva llegada a las Organizaciones de Pueblos Indígenas; tal como lo manifestó la coordinación de la COP26, en cabeza del Ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, Lord Zachary Goldsmith.
Como lo demuestra un estudio de Rainforest Foundation Norway, entre 2011 y 2020, los Pueblos indígenas y las Comunidades Locales recibieron aproximadamente $2.700 millones de dólares estadounidenses provenientes de donantes bilaterales y multilaterales y de organizaciones filantrópicas privadas; lo que equivale a menos del 1% de la asistencia oficial para la mitigación y la adaptación al cambio climático durante el mismo período.
Más que recursos, una estrategia en el largo plazo
Ahora, el mundo se prepara para una nueva Conferencia de las Partes de Cambio Climático, COP 27, en la que se discutirán temas fundamentales como la adaptación, pérdidas y daños, las reglas del juego para el Balance Mundial que se presentará en 2023 -y que dará cuenta de cómo han avanzado los países en sus compromisos climáticos-. De igual forma, se preparan los Pueblos y las Organizaciones Indígenas de la Amazonía quienes llevarán una propuesta para establecer un mecanismo efectivo que asegure el acceso directo a los fondos anunciados y, en el largo plazo, su sostenibilidad financiera.
La COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) junto con sus filiales nacionales de Colombia, Venezuela y Perú: OPIAC, ORPIA y AIDESEP presentarán esta estrategia de incidencia conjunta en alianza con las organizaciones de la sociedad civil que suman 30 años de trabajo en la región amazónica: Gaia Amazonas (en Colombia), el Instituto del Bien Común (en Perú) y la Fundación Wataniba en Venezuela.
Se trata de 4 agencias administrativas, a escala nacional, y 4 agencias a escala territorial que tendrán dos tareas: fortalecer las capacidades administrativas, financieras y de gestión de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía, y garantizar el acceso y administración directa de estos fondos en un plazo de cuatro años, comprendidos entre 2023 y 2027. Esto solo se podrá lograr si existe un consenso entre los Estados, los donantes, las organizaciones indígenas y sus aliados que permitan esta implementación efectiva de los fondos.
El objetivo en el largo plazo es que los pueblos indígenas fortalezcan sus capacidades administrativas, financieras y de gestión para implementar soluciones productivas de transición energética y de prevención de la deforestación que favorecerían la adaptación de sus territorios al cambio climático.
Se trata de garantizar que las prácticas y conocimientos indígenas que durante milenios han propiciado una convivencia armónica con el sistema vivo del que todos hacemos parte, la naturaleza, se mantengan. Y con ellos, se asegure el buen vivir territorial de las comunidades que habitan la Amazonia, y salvaguardan la conectividad ecosistémica y sociocultural en la región al norte del río Amazonas, donde se encuentra el bosque tropical más extenso y mejor conservado del mundo; responsable del 70% del agua de América Latina.
Referencias:
1. Rainforest Norway Foundation, Informe ‘Falling short’
2. Rainforest Norway Foundation, Informe “State of the Tropical Rainforest”.
3. Naciones Unidas
PUBLICADO POR: GAIA AMAZONAS
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