Servindi, 21 de enero, 2021.- Aprovechando la temporada navideña y la flexibilización de la cuarentena el gobierno de Nicolás Maduro dictó medidas para militarizar la extracción minera en los estados de Bolivar y Delta Amacuro.
El decreto presidencial crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) y oficializa la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A. (Emasproforn).
La norma del 22 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial Nº 42.032 y comprende a la altiplanicie o meseta de Nuria, entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro.
El decreto presidencial permite a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) retomar el control de la zona cercana al territorio esequibo que pasará a ser regida por el Ministerio de Defensa.
La norma simplifica los trámites y permisos para actividades diversas de extracción de recursos naturales en la zona, entre las que se incluye a la minería.
La empresa militar Emasproforn servirá de ente comercial para la extracción de recursos naturales.
Uno de los objetivos de la zona especial militar de desarrollo forestal es “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización”.
Agrega que el propósito es satisfacer “las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.
El Observatorio de Ecología Política de Venezuela observa que se desconoce la extensión territorial específica de la zona especial militar, pero la Gaceta indica que al menos una de las coordenadas está dentro del bloque 4 del Arco Minero del Orinoco.
El decreto presidencial también contempla la creación del Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Dicho servicio estará gestionado por la Guardia Nacional y tendrá como objeto principal la planificación, administración y vigilancia de estas zonas en cuanto a la guardería del ambiente y el aprovechamiento de recursos forestales.
También, el resguardo de los procesos ecológicos en los bosques, suelos, aguas, riquezas naturales, fauna, flora, parques nacionales, monumentos naturales, cualquier otra área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae).
Incluso el saneamiento ambiental y el resguardo minero estará a cargo del Servicio Desconcentrado que gestionará esta y otras zonas económicas especiales militares en materia forestal y de recursos naturales.
Son numerosas las atribuciones otorgadas a dicho servicio, que incluye estudios y procesos para el aprovechamiento de semillas, material genético, cortezas, resinas, plantas y materias primas en todo tipo de selvas tropicales.
A ello se agrega la investigación y desarrollo de nuevas medicinas, y actividades de investigación y desarrollo en biología, botánica, biotecnología y otras de carácter científico, productivo, industrial o manufacturero.
Si bien las atribuciones de este órgano incluyen garantizar la protección del ambiente, podrá emitir permisos para construcciones, talado, dragado “y cualquier otra actividad que se realice en los espacios o zonas ambientales bajo el resguardo de la FANB”.
La Zeemdef prevé crear “mecanismos de simplificación de trámites (…) para la obtención de permisos de forma expedita y sencilla” a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Ley Antibloqueo y extractivismo galopante
Las atribuciones permiten entrever una clara intención de militarizar la extracción de recursos naturales en la región, evadiendo las disposiciones constitucionales y legales de la nación, indica el Observatorio de Ecología Política.
Con dicha disposición se vulneran los mecanismos de protección de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por su diversidad socioambiental.
En febrero de 2019, Maduro aprobó la creación de la Empresa Mixta Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur) conformada por la empresa estatal Maderas del Orinoco, antiguamente Proforca, y la compañía turca Glenmore Proje Insaat, S.A.
Según analistas, se trata de una de las inversiones extranjeras contempladas y amparadas por el nuevo instrumento jurídico aprobado en 2020 de manera irregular como supraconstitucional de la Ley Antibloqueo.
En mayo de 2019, Maduro anunció también la creación de la primera Zona Económica Espacial Militar, en Aragua, para fortalecer la capacidad productiva del país.
Según Maduro, el sector militar es uno de los motores de la economía nacional. Aseguró, entonces, que la FAN «con su disciplina, organización y capacidad de acción y extensión territorial puede ser un motor súper especial».
Las denominadas zonas económicas especiales militares están contempladas en el artículo 25 de la llamada Ley «Constitucional» de la FAN, aprobada por la constituyente en enero de 2020.
En ella las define como un espacio geográfico donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles.
Ellas están dirigidas por la Fuerza Armada Nacional en unión cívico militar para “satisfacer sus necesidades básicas” y “contribuir con el fortalecimiento de la industria militar”.
La meseta de Nuria
La meseta de Nuria suele reconocerse también con el nombre geográfico de Imataca, y el Acta Botánica de Venezuela de Julián Steyermark precisa que se extiende desde las inmediaciones de Upata, municipio Piar, hacia el sureste, pasando por El Palmar y terminando hacia el Esequibo.
Se trata de una zona mayoritariamente cubierta por una selva densa, pero también hay sabanas onduladas con selvas de galerías y pasos de morichales.
La altiplanicie de Nuria, ubicada entre Bolívar y Delta Amacuro, forma parte de la región amazónica venezolana que concentra 32% de los puntos de minería ilegal de la Amazonía, de acuerdo con el atlas Amazonía bajo presión.
El decreto presidencial que contempla la creación de los entes militares detallados para la extracción de recursos forestales y naturales en general no excluye la práctica de actividades económicas como la minería.
Ello a pesar de que en esta zona especial de desarrollo forestal, se resguarda una variedad de especies de flora superior a la de zonas cercanas como la Sierra de Imataca, según estudios de Steyermark.
La extracción de recursos forestales y la extracción de minerales vulneran la Ley de Bosques y colisionan con el régimen de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial que protege la biodiversidad.
El Observatorio de Ecología Política agrega además que se está propiciando una franca violación de instrumentos legales del país que buscan resguardar el ambiente por una actividad rapaz de las fuerzas militares.
Acceda a la Gaceta con un clic en el siguiente enlace: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.034 de fecha 22 de diciembre de 2020 (PDF).
Con información de Correo del Caroní, Observatorio de Ecología Política y el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL).
PUBLICADO EM: SERVINDI
