Diversas organizaciones indígenas de la Amazonía denunciaron que los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), quienes viven bajo amenaza constante, vieron agravar su situación por los actuales incendios que ponen en riesgo su integridad física.
“Los resultados de un modelo de desarrollo depredador, junto con la negligencia del Estado para proteger a estos pueblos, aumentan la vulnerabilidad socio-epidemiológica a la que están sujetos”, expresaron a través de un pronunciamiento.
El documento también señala que, debido a los últimos incendios forestales, los PIACI de la Amazonía y el Gran Chaco están recurriendo a nuevas estrategias de supervivencia como el desplazamiento forzado hacia regiones “que no corresponden a sus territorios tradicionales”.
Frente a ello, las organizaciones indígenas, sus aliados y especialistas en protección de los PIACI exigen a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela tomar medidas inmediatas para contrarrestar los incendios “respetando su autodeterminación de vivir en aislamiento”.
“Nosotros, las organizaciones indígenas, los aliados y los expertos de PIACI (…) hemos identificado 185 registros de pueblos indígenas aislados en la región, de los cuales 66 se confirman que existen”, sostiene el documento.
Realidad por países
El pronunciamiento también recoge datos oficiales sobre la realidad de cada país. Por ejemplo, en Bolivia, en lo que va del año se incendiaron un millón de hectáreas de bosque y, desde finales de julio a agosto, el incendio forestal de la Chiquitanía arrasó 780 mil hectáreas.
Asimismo, el incendio alcanzó y desapareció los bosques secos en la frontera con Paraguay, “área decretada intangible para pueblos en aislamiento Ayoreo y el Territorio Guaraní”. Ambas zonas “representan los últimos refugios para su supervivencia cada vez más amenazados por los agronegocios y Gobierno”.
Las organizaciones también rechazan la actitud del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cuyo discurso en contra de los pueblos indígenas y el movimiento ambientalista “deviene en falta total de respeto a los principios constitucionales”.
En este sentido denuncian que, desde julio o antes, la deforestación en la Amazonía brasileña es mayor en un 278 por ciento, en comparación con el periodo de 2018, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Además, entre el 15 y 20 de agosto se detectaron 131 tierras indígenas incendiadas.
“La información levantada sugiere que se contaron 15 incendios en tierras donde hay registros de indígenas aislados, especialmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins y Rondônia”, sostienen.
Por el lado de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) registró 138 mil 176 hectáreas deforestadas en la Amazonía en el 2018.
La deforestación alcanzó a cuatro áreas protegidas. Sin embargo, el Parque Nacional Natural Río Puré, que aloja a los pueblos Yurí y Passé, “se ve presionado por la explotación y exploración de hidrocarburos, el avance de la frontera agropecuaria, el desarrollo de infraestructuras y la minería”.
Actividades mineras
Aunque en Ecuador no se registraron grandes incendios, la activada minera –según la denuncia– está avanzando en la parte sur de la Amazonía ecuatoriana donde está “causando una enorme pérdida de biodiversidad, conminación del agua y desplazamiento de las comunidades indígenas Shuar”.
“La apertura de nuevas carreteras fomenta la colonización y desplazamiento de comunidades indígenas Waorani y Kichwa, principalmente”, advierten.
Aunque el Parque Nacional Yasuní no fue afectado por el incendio, las organizaciones indígenas exhortan que “la explotación de petróleo por nuevas carreteras y plataformas pone engrave riesgo la supervivencia de los grupos indígenas que viven en aislamiento, como son los Tagaeiri y Taromenane”.
Paraguay también registra grandes incendios, como consecuencia de los agronegocios, que afectan a los bosques naturales del Chaco.
“Un de millón hectáreas de bosques desaparecieron en la última semana, todas áreas vitales para los grupos del pueblo Ayoreo en aislamiento en la región del Gran Chaco, segunda en extensión y cobertura forestal de América del Sur después de la Amazonía”, denuncian las organizaciones indígenas y sus aliados.
Por ello, responsabilizan al Gobierno paraguayo por “su desinterés por la conservación y la protección del patrimonio del país, así como de la vida de las personas que optan por un estilo de vida soberano y sustentable con la naturaleza, en su sentido más literal y profundo”.
Por el lado peruano, el pronunciamiento señala que si bien la mayor parte de incendios se encuentran en áreas de la sierra (Cusco y Ayacucho), de los pocos incendios que se reportaron en la selva, algunos están directamente vinculados con territorios PIACI.
Ello, no solo estaría impactando en las condiciones del territorio, sino también en “la calidad del aire y recursos naturales para su subsistencia, afectando así los derechos a la vida, salud y seguridad alimentaria de los pueblos que los habitan”.
“Es importante resaltar que los territorios PIACI en Perú, se ubican mayoritariamente en áreas de fronteras internacionales, en especial, a lo largo del límite con Brasil, donde se viene registrando la proliferación de focos de incendios”, señala el documento.
En el caso de Venezuela, las organizaciones indígenas también indican que, aunque los pueblos indígenas Hoti, Uwottuja y Yanomami en aislamiento voluntario o contacto inicial en los estados de Amazonas y Bolívar no son afectados por los incendios, peligran por la minería ilegal que se desarrolla en ambos estados.
Lea el pronunciamiento completo en el siguiente enlace:
Sobre las organizaciones y sus aliados
De Perú, firman la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Federación Nativa del Rio Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).
Asimismo, las organizaciones colombianas Amazon Conservation Team Colombia (ACT), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), así como la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía del Brasil (COIAB) y la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) e Iniciativa Amotocodie (IA) de Paraguay.
También firman la regional Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), las organizaciones de Bolivia como la Central de Comunidades Indígenas Tacana II – Río Madre de Dios (CITRMD) y el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (WATANIBA) y la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) de Venezuela.
Por el lado de Ecuador se sumaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Cofenaie), Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y el Pueblo Kichwa de Sarayaku
FONTE: SERVINDI 
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