La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y la Red de Cooperación Amazónica (RCA) presentaron el viernes 3 de marzo la publicación “Derecho a la Consulta y Consentimiento de los Pueblos Indígenas, Quilombolas y Comunidades Tradicionales” en Brasil.
La presentación se efectuó en la ciudad de Santarém, estado de Pará, Brasil. En las próximas semanas, se llevarán a cabo presentaciones en otras regiones del país, en las cuales participarán líderes indígenas, quilombolas, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos y entidades estatales.
El libro sostiene que el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado (CCPLI) es continuamente violado en Brasil por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, encontrando, además, serios obstáculos en el ámbito del Poder Judicial.
El texto presenta casos emblemáticos que ilustran cómo un conjunto reciente de medidas administrativas y legislativas no consultadas implican violaciones al derecho de autonomía y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales.
El estudio identifica que, en Brasil, decisiones, proyectos y programas gubernamentales; leyes, iniciativas legislativas; así como la jurisprudencia nacional presentan incongruencias en torno al entendimiento e implementación del derecho a la CCPLI, especialmente en casos que involucran grandes emprendimientos.
La investigación fue elaborada por Biviany Rojas, Erika Yamada y Rodrigo Oliveira, y revisada por Daniel Cerqueira (DPLF), editado y revisado por Luis Donisete (RCA). La publicación contó con el apoyo de Rainforest Foundation Noruega.
Un derecho vulnerado
El derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado se encuentra previsto en el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de las Naciones Unidas y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Dicho derecho se ha consolidado internacionalmente como un importante derecho humano que determina un nuevo tipo de relación, más simétrica y respetuosa, entre los Estados y los pueblos indígenas y tribales.
Sin embargo, en Brasil y en el mundo, sigue siendo un desafío garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y tradicionales en los procesos de toma de decisiones estatales que les afectan directamente.
Los desafíos para la implementación del derecho a la CCPLI tienen que ver con interpretaciones equivocadas y desconocimiento en torno a los sujetos del derecho, objeto de aplicación, momento oportuno de implementación, modo y efectos esperados de un proceso de consulta previa, libre e informada.
Por ello, decisiones, proyectos y programas gubernamentales, así como iniciativas legislativas, son aprobados sin la debida información, audiencia y consideración de las comunidades y pueblos afectados.
FONTE: SERVINDI
