A siete días del derrame del 24 de junio en Loreto, el presidente de PETROPERÚ.SA ha renunciado, se ha puesto una papeleta ambiental a la empresa estatal… y el problema de fondo no ha cambiado.
Dicen que todo lo que no se aprende está condenado a repetirse. Ese parece ser el caso de los -lamentablemente- cada vez más continuos derrames en el oleoducto Norperuano.
La falta de actualización del instrumento de gestión ambiental de un oleoducto que data de la década de los setenta, que asegure el mantenimiento preventivo; así como la falta de una adecuada fiscalización ambiental, que asegure la pronta remediación de impactos, abren las puertas a que sucedan más hechos de esta naturaleza, que no solo afectan a los bosques, ríos, cochas y especies locales, sino a personas reales que usan estos recursos. Y de ello es prueba el último derrame ocurrido el viernes pasado, 24 de junio de 2016.
De acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y al Instituto Nacional De Defensa Civil – INDECI, las cifras fueron las siguientes: 600 barriles de petróleo derramados en cerca de 16 000 m2 de territorio amazónico, afectando a un estimado de 435 personas. Ello como producto de un derrame de petróleo ocurrido a la altura del kilómetro 213 del Tramo 1 del Oleoducto Norperuano, en las localidades de Barranca y San Gabino, Distrito de Barranca, Provincia de Datem del Marañón, Región Loreto.
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