Alrededor de 200 personas realizaron hoy un plantón de protesta en el frontis de la sede de la empresa Petroperú, en la ciudad de Lima, exigiendo el cambio total de las tuberías del Oleoducto Nor Peruano a fin de evitar nuevos derrames de crudo de petróleo en los ríos de la Amazonía peruana.
La acción fue convocada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) bajo el lema “Detengamos los derrames de petróleo en la Amazonía”.
Bernabé Impi, secretario general de la Aidesep, explicó que exigen el cambio de tubos porque debido a su deterioro “se pueden reventar en cualquier momento. Si lo reparan, igual se van a reventar”, declaró a un medio local.
“Hoy vamos a presentar nuestros reclamos”, agregó. Seguidamente precisó que hasta el momento no han podido conversar con representantes de Petroperú, ni con el Ministerio del Ambiente.
Derrame pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas
Mediante un comunicado, la Aidesep sostuvo que los derrames repercuten directamente en la vida de las poblaciones indígenas amazónicas. No solo afectan sus tierras de cultivo, sino también su salud y seguridad alimentaria, señala.
El derrame en Chiriaco afecta a comunidades del pueblo Awajún, y el derrame ocurrido en Morona a comunidades de los pueblos Achuar, Wampis y Chapra.
También afecta una zona de gran biodiversidad muy cercana a numerosas comunidades Awajún, y las reservas comunales Chayu Nain y Tuntanain, en el que habitan especies endémicas y algunas en peligro de extinción.
Cabe destacar que el río Marañón es un importante afluente del Amazonas, una cuenca emblemática de Sudamérica, que se verá afectada por mucho tiempo y en largo recorrido por la enorme mancha de crudo y todo lo que esto implica, manifiesta la Aidesep.
Escandoloso empleo de niños en recojo de crudo
Un caso de escándolo es el empleo de niños para el recojo del petróleo derramado, hecho que se enmarca en una de las peores formas de trabajo infantil y que pone en riesgo la propia vida de los menores.
A pesar que Petroperú niega la contratación de menores, fotografías, testimonios e imágenes de vídeo desmienten a la empresa. En conferencia de prensa realizada la mañana del viernes 19, Aidesep presentó el listado de niños que trabajaron en el recojo de desechos tóxicos.
Rodrigo Lazo, antropólogo que el jueves llegó de Chiriaco, mostró el padrón de 50 niños de la comunidad Nazaret y 80 niños de la comunidad Huachapea quienes fueron empleados en el recojo de petróleo. Lazó además confirmó que el derrame definitivamente si llegó al río Marañón.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado para garantizar que ningún niño, niña o adolescente participe formal o informalmente en la limpieza de los ríos afectados o en cualquier otra actividad relacionada con esta práctica.
El organismo de Naciones Unidas pidió denunciar oportunamente todo acto que genere sospecha de algún tipo de explotación o utilización de niños, niñas y adolescentes, y mantener una actitud vigilante para salvaguardar la salud e integridad de la niñez.
Parar el bombeo y cambiar ductos
La petición formulada por las organizaciones indígenas y entidades de la sociedad civil es muy clara y directa: paralizar el bombeo de petróleo y cambiar los ductos de petróleo que tienen más de 43 años de instalados.
Según datos de la OEFA entre el 2011 y el 2016 han ocurrido 20 derrames de petróleo. Para Henry Carhuatocto, abogado de IDLADS, esto prueba ”que el Estado apaña la actividad extractiva irresponsable y más aún lo hace de forma discriminadora hacia los pueblos indígenas, porque no reconoce su derecho a ser beneficiarios del derecho a servidumbre por usar sus tierras.
Indemnizar a los afectados
El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú respaldó las exigencias formuladas y exhortó a las autoridades atender el abastecimiento de agua, alimentos y productos de primera necesidad en las comunidades afectadas.
“El agua es un recurso natural indispensable para la vida humana, que al verse contaminado limita la capacidad de consumo humano, así como contamina las chacras, alimentos y animales; vulnerando las condiciones de vida y supervivencia de las poblaciones.” indicó el Pacto.
“Estas condiciones afectan especialmente a niños, niñas y mujeres, quienes por sus actividades cotidianas se encuentran más vulnerables a entrar en contacto con el crudo, así como la emanación de gases de este”, afirmó en un pronunciamiento.
Asimismo, puntualizó que las comunidades y personas afectadas por el derrame “tienen derecho a una indemnización por los daños causados por PETROPERÚ en sus territorios”.
Los dilemas de la empresa
Por su parte la empresa Petroperú manifestó que está efectuando los trabajos de reparación de las tuberías dañadas en el Tramo II y el Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, donde se produjo derrames de petróleo los pasados 25 de enero y 2 de febrero en Amazonas y Loreto, respectivamente.
Sin embargo, negó que exista un tercer derrame de gran magnitud ocurrido el miércoles 17 de febrero en el distrito de Pucará, en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, como lo evidenció el equipo periodístico de Radio Marañón. Según la empresa se trata de una trabajo de “mantenimiento”.
De otro lado siguen los pedidos de renuncia de Germán Velásquez, presidente de Petroperú, empresa que demoró muchos días en reconocer el desastre ambiental y que luego de la presión de los medios de información decidió tomar medidas.
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige la denuncia del funcionario, entre otros motivos, por sus penosas declaraciones referidas a que el derrame fue producto de la naturaleza y que ya tomaron las medidas respectivas.
Vigilancia indígena
La Aidesep propone organizar un sistema comunitario indígena de vigilancia encargado del monitoreo, alerta temprana e intervención de emergencia, que debe estar a cargo de las comunidades indígenas, con el respaldo de la organización nacional.
El sistema debe gozar de autonomía y recibir apoyo en capacitación y logística que debe brindar la empresa Petroperú mediante convenio con la organización regional ORPIAN, a la que corresponde la jurisdicción de Chiriaco, y CORPI SL, a la que corresponde la jurisdicción de Morona.
El fundamento de la propuesta es que las comunidades estén en la capacidad y cuenten con las herramientas adecuadas para una intervención de inmediato y no esperar que venga personal desde Iquitos o Chiclayo, que siempre llegan tarde a las situaciones de emergencia.
Sin embargo, insisten en que primero debe paralizarse el bombeo, efectuarse una cambio de toda la tubería y atender la emergencia de manera eficiente y no solo con palabrerías, como lo vienen haciendo hasta ahora la empresa Petroperú.
Para ver más fotos del plantón realizado el 19 de febrero en Lima, hacer clic en el siguiente enlace: https://goo.gl/fQWt2e
FONTE: SERVINDI.ORG
