Marlene Castillo Fernández constató que existen graves negligencias en la conducta de diversas instituciones públicas que buscan minimizar las causas y consecuencias de los derrames y salvar su responsabilidad transfiriendolas a otras.
En un artículo difundido por el Vigilante Amazónico apunta que en estos 25 días de crisis ambiental “cada sector y entidad trabaja por su lado” y “manejan información y evaluación diferente y hasta contradictorias”.
Las negligencias propias del MINEM-OSINERGMIN-PETROPERÚ, del MINAM-OEFA-ANA y del MINSA-DIGESA no se admiten y las sanciones políticas y públicas no se asumen.
De esta forma se crea un clima de impunidad que se alimenta de la indiferencia de la ciudadanía despojada del sentido de comunidad democrática.
A continuación el artículo de Marlene Castillo:
Negligencia estatal en derrame de petróleo. Pueblo y territorio indígena los afectados
Por Marlene Castillo Fernández
Mientras en el Estado no se asume la plena responsabilidad por la suma de sus negligencias ni se adopta medidas radicales de prevención del riesgo ecológico y de atención a la actual emergencia sanitaria, continúa la afectación del agua y de la vida en Chiriaco como en Morona y la probabilidad de que se repita la contaminación con petróleo crudo de las fuentes naturales de agua de la Amazonía y del territorio ancestral indígena del entorno del Oleoducto Norperuano que carga con el desgaste de sus 42 años de funcionamiento, una mayor presión de traslado de petróleo crudo de nuevos pozos de explotación y en determinados tramos está expuesto a eventos peligrosos como el desplazamiento de tierras.
¿El Estado podía y debía anticipar y prevenir el riesgo?
Sí, pero no lo hizo ni consideró la medida exigida por los Pueblos Indígenas. ¿Cómo se califica ese desempeño? Eso es negligencia estatal y discriminación étnica cultural.
En términos del ABC de la gestión del riesgo, enfoque y norma Legal que se repiten en los discursos oficiales, la vulnerabilidad del Oleoducto ha aumentado ante la ocurrencia de fenómenos físicos peligrosos, generándose cada vez con más frecuencia situaciones de riesgo que se concretan con la ruptura de la tubería que ocasiona el derrame de petróleo crudo, que a su vez, representa un riesgo de desastre ecológico y de afectación severa de la salud como de la economía de la población indígena dependiente del territorio contaminado.
El Oleoducto empezó su actividad en 1974 (proyecto en el período del gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado). Juan Carlos Ruiz-IDL reiteradamente ha venido alertando que “desde que se aumentó el bombeo de petróleo por la producción del Lote 67, se han intensificado los derrames. Nadie hizo una evaluación de si el ducto viejo estaba acaso en condiciones de bombear más petróleo” (Servindi, 17.02.2106). Este ducto desgastado en estos últimos 5 años había presentado 17 situaciones de emergencia por derrames en los Tramos I y II de su recorrido de acuerdo a la data del OEFA. De ese total: 12 se dieron en los años 2014 y 2015; 13 se presentaron en el Tramo II; y, 5 se localizaron en Amazonas y 4 en Loreto (Cuadro 1 de la Resolución Directoral de la OEFA, 15.02.2016).
Entonces a la luz de esa información es evidente que había que priorizar el monitoreo y la adopción de medidas de reducción del riesgo en el Tramo II y en esos dos espacios. Pues se hizo lo contrario: se inició el “monitoreo inteligente” con tecnología moderna para la identificación de las partes más desgastadas de la tubería en el Tramo I durante el año 2015 y ninguna entidad supervisora lo cuestionó ni observó.
Precisamente, allí donde ocurrió este 25 de enero la ruptura del ducto (Tramo II) con el derrame del petróleo en la quebrada Inayo afluente del río Chiriaco, territorio de comunidades awajún (provincia de Bagua-Amazonas) y este 3 de febrero en las quebradas Mayuriaga y Cashacaño afluentes del río Morona, territorio indígena incluyendo comunidades wampis (Ramal del Norte, provincia de Datem del Marañón-Loreto). Ambos ríos son afluentes del gran río Marañón en su curso hacia Nauta (Loreto).
Tampoco se atendió la demanda indígena concreta de mantenimiento al Oleoducto Norperuano, tal como lo informa Juan Carlos Ruiz Molleda en reciente artículo: “en enero de 2015, la comunidad nativa de Cuninico, perteneciente a la etnia kukama, y sus vecinas presentaron una demanda de cumplimiento contra Petroperú, además de diversas entidades públicas. Esta demanda actualmente se viene tramitando ante el Juzgado Mixto de Nauta” (…) “No obstante, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) reconoció que si la medida se hubiese dado mucho antes, luego del derrame ocurrido en Cuninico, en Loreto en junio del 2014, se habría evitado las tragedias de Chiriaco y Morona, en Amazonas y Loreto, respectivamente”. (http://www.servindi.org/
Hasta el 14 de febrero, Germán Velásquez, Presidente de turno del directorio de Petroperú, encargada del manejo del Oleoducto, respondía soberbiamente en la entrevista publicada (El Comercio, Francesca García Delgado) cuyo texto reproducimos:
| FG: “¿Le parece más creíble que el daño lo produjo un rayo o que la tubería demandaba mantenimiento?”GV: “Tanto en Morona como en Chiriaco hemos hecho una inspección del oleoducto en un kilómetro, a cada lado de la avería. Si este estuviera afectado por degradación, entonces todo el ducto estaría igual, pero hoy está perfecto. En ambos puntos del derrame, se ha evidenciado que la infraestructura está en perfectas condiciones”. |
En síntesis se hizo lo contrario a lo que correspondería a un Estado democrático, inteligente y atento a proteger efectivamente la Amazonía y los pueblos indígenas.
Se carga la tinta de la responsabilidad al Estado porque está obligado a proteger los derechos humanos y ambientales por mandato constitucional, sea público o privada la entidad que administre el Oleoducto Peruano.
Hacemos nuestra la demanda de la organización indígena que en su pronunciamiento del 12.02.2016 finaliza afirmando: “El pueblo indígena representado en CORPI SL levanta su voz para exigir al estado tome las medidas necesarias para ser prevengan los delitos ambientales y contra la salud humana. Porque somos ciudadanos con los mismos derechos y merecemos ejercer nuestro derecho a la salud, a la vida y a la calidad de vida de manera igualitaria a los habitantes de Lima…”.
¿Se pueden y deben determinar las alternativas y las responsabilidades para minimizar el riesgo ecológico y de afectación a la vida indígena?
Sí, para eso hay que empezar por reconocer las negligencias estatales y sus consecuencias en la generación de ese riesgo y esa afectación. Eso implicaría que debería haberse convocado desde la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM – inmediatamente sucedido el primer derrame hace 25 días – al conjunto de autoridades de las entidades públicas de los Ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, de Salud y de Agricultura y Riego, con competencias y responsabilidades en la gestión preventiva de ese riesgo para que no se repita así como la gestión de emergencia oportuna y suficiente con participación de representantes de las organizaciones indígenas.
Respecto a las medidas inmediatas de prevención del riesgo: delimitar las secciones del Ducto vulnerables expuestos a desplazamientos peligroso de tierras que generarían condiciones de riesgo; adoptar medidas de reparación, reemplazo o reforzamiento de las secciones vulnerables así como medidas de contención-defensa para minimizar el peligro lo que supone una declaratoria de emergencia del Oleoducto NorPeruano en caso sea requisito para que el Estado pueda contar con las partidas presupuestales y/o establecer la suspensión temporal del bombeo del Ducto.
En esa perspectiva avanza la Resolución Directoral de la OEFA, de acuerdo al análisis de Ruiz Molleda en el artículo citado, al mandar a Petroperu que cumpla con mantenimiento y renovación de las secciones deterioradas y dañadas, pero no sería suficiente:
“…Si tienes mal el ducto, la forma de corregirlo es cambiando los sectores dañados y dando mantenimiento a aquellos que aún son salvables y, mientras los cambias, no bombeas nada. Insistimos: La única forma de prevenir nuevos derrames es suspendiendo el Oleoducto Norperuano hasta que arreglen sus tuberías. En el peor de los casos, si no se considerase suficientemente idónea la paralización del funcionamiento del oleoducto, correspondía mínimamente a la OEFA dar un plazo máximo a Petroperú para la implementación de su decisión (renovación y mantenimiento del ducto); no obstante, ello tampoco ocurrió. Con la suspensión, no habría razones de preocupación con respecto del plazo, pues Petroperú hubiese renovado y dado mantenimiento al oleoducto más que inmediatamente, a causa de las ganancias que hubiese dejado de decidir por cada día en que no se bombardease petróleo”.
Respecto a las medidas de atención de la emergencia, también la negligencia y la descoordinación entre sectores, entidades públicas y niveles de gobierno ha ocasionado una desatención a las necesidades y la salud afectadas por la contaminación especialmente de población afectada estimada en 8 mil habitantes en contraste a los recursos para el recojo y contención del petróleo (1).
Por supuesto que es necesario minimizar la contaminación, pero también hay que atender y proteger efectivamente a las vidas afectadas, tal como levantaron sus voces la Municipalidad de Imaza, la Defensoría del Pueblo, ORPIAN y CORPI para exigir atención integral – agua potable, alimentos, atención médica, indemnización por daños incluidos a la pesca y agricultura – a las comunidades afectadas.
A modo de ilustración recordemos las declaraciones públicas contradictorias y hasta desinformadas de las altas autoridades competentes, según su cargo, en la gestión de esta situación, que se publicaron el día 15 de febrero:
Mientras que la Ministra Rosa María Ortiz-MINEM “indicó que en Chiriaco ya se ha logrado confinar el petróleo, a fin de evitar que continúe avanzando y contaminando más zonas” (El Comercio), el Presidente de Petroperú afirmaba: “En Chiriaco más del 60% se ha recuperado y en Muyuriaga 100% petróleo está confinado” (…). La influencia del petróleo se va a esparcir en todas estas zonas (ríos, quebradas). Estamos en proceso de recolección… Yo he estado en la zona, en ambos sitios y me he preocupado…no hay presencia de menores (La Hora N). Es decir, en Chiriaco se recuperaron los 2000 barriles de crudo derramado o solamente se habrían recuperado 1200 (60%) y faltarían 800 barriles. ¡No es poca la diferencia!
Mientras la población de las comunidades indígenas cercanas informaba que el crudo había llegado al río Chiriaco por efecto de las fuertes lluvias de los últimos días, por lo que temían consumir esas aguas, el Presidente de Petroperú daba a conocer que los ministros de Salud, Aníbal Velásquez, y de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, sobrevolaron la zona y observaron que el río no tiene manchas de petróleo. “También estuve el día 12 de febrero en Chiriaco [Amazonas] y tengo fotografías con la evidencia de que el río no tiene trazas de petróleo” (El Comercio).
La Ministra de Energía y Minas luego de sus declaraciones públicas del 15 de febrero afirmando que se “retirarán a los funcionarios responsables”, al parecer le habrían hecho caer en la cuenta que no existe la normativa que permita identificar a tales funcionarios responsables de la entidad supervisora del sector. Por lo que esa decisión sancionadora servirá para futuros derrames, pues la norma que determina las instancias competentes en OSINERGMIN para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía hidrocarburos (que no existían) rige a partir del 17 de febrero que fue publicada en el diario oficial El Peruano (Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN No. 035-2016-OS/CD), ¡Desinformada, pero se mandó!
Mientras en la prensa nacional se informaba que estaba por emitirse la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en los ámbitos afectados por los derrames en Amazonas y Loreto, en su reemplazo fue publicada la norma que declaró por 90 días la emergencia sanitaria solamente la calidad del agua para consumo humano (Resolución Directoral No. 020-2016/DIGESA/SA, fecha 16.02.2016). ¡Y la emergencia de la salud y la alimentación a consecuencia de la contaminación! Se desprotege a las víctimas de las negligencias propias¡.
Lo que se ha constatado en estos 25 días es que cada sector y entidad trabaja por su lado, manejan información y evaluación diferente y hasta contradictorias, han buscado minimizar las causas y las consecuencias en sus declaraciones públicas, así como han pretendido transferir la responsabilidad a las otras entidades hasta ocultándose detrás de anuncios de sanciones. Repitiendo más o menos conductas públicas semejantes al del caso del derrame en Cunicu, Loreto. Pasado el momento de sobre-exposición en los medios de comunicación masiva en la situación de emergencia, la complicidad se impone y no llega a la determinación e implementación de medidas para que no se repita. Las negligencias propias del MINEM-OSINERGMIN-PETROPERÚ ni del MINAM-OEFA-ANA ni del MINSA-DIGESA no se admiten, las sanciones políticas y públicas no se asumen.
Como suele pasar la impunidad se alimenta también de la indiferencia de la ciudadanía despojada del sentido de comunidad democrática por el consumismo mercantilista y el autoritarismo neoliberal expandidos en las últimas tres décadas.
Notas:
(1) Una prueba de ella es que el Vigilante Amazónico-CooperAcción recibió el siguiente justo reclamo de Wráys Pérez Ramírez, Presidente del Gobierno Indígena del Pueblo Wampis (en proceso de construcción) mediante correo virtual el 05 de febrero: “Estimados amigos y amigas del grupo de aliados les escribo para informarles que el dia 03 del presente mes hubo derrame petrolero en la comunidad de Muyuriaga en el rio Morona parte del territorio integral de la Nación Wampis, según información hasta el mediodía de ayer aún el estado no había intervenido y eso es preocupante hoy día he intentado comunicarme con el OEFA para informarles sobre el hecho al parecer no les intereso mucho este problema generado en nuestro territorio ancestral (…)”
Fuente: Vigilante Amazónico : http://www.vigilanteamazonico.pe/
VER MAIS EM: SERVINDI.ORG
