Organizaciones indígenas y vinculadas con la causa indígena manifestaron su indignación por el veto de la presidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores) al Proyecto de Ley 5.954-C/2013, de autoría del senador Cristovam Buarque (Partido Democrático Trabalhista – Distrito Federal), que tiene el propósito de asegurar a las comunidades indígenas la utilización de sus lenguas maternas en la educación básica, en la educación profesional y en la educación superior, así como en procesos propios de aprendizaje y de evaluación que respeten sus particularidades culturales.
“El proyecto, que podría concretar derechos ya asegurados a los pueblos indígenas en la Constitución de 1988 fue vetado por la Presidencia bajo la justificación de “contrariar el interés público”.
En el mensaje número 600, emitido por la Casa Civil, el 29 de diciembre de 2015, el gobierno afirma que, “a pesar del mérito de la propuesta, el dispositivo incluiría, por un lado, obligación demasiada amplia y de difícil implementación, a causa de la gran variedad de comunidades y lenguas indígenas existentes en Brasil”.
En una nota, de la Red de Cooperación Amazónica (RCA), que está constituida por 13 organizaciones indígenas y las que apoyan a los pueblos indígenas, afirma que el mensaje presidencial “explicita la posición gubernamental que considera la diversidad cultural y lingüística indígena como un problema y no como una riqueza para nuestro país, en franco desacuerdo con lo que establece nuestra Constitución Federal”.
La RCA también afirma que, después del veto a un proyecto que podría fortalecer la educación escolar diferenciada y valorizar las lenguas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, conforme garantiza la Constitución, cabe ahora al gobierno federal presentar un nuevo proyecto de ley que atienda la demanda indígena por mejoras en la legislación y en las políticas públicas.
El Instituto Latinoamericano de Artes, Cultura e Historia (Ilaach) de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (Unila) también se manifestó en contra del veto de Dilma, clasificándolo como un “falta de respeto total” a las conquistas de los pueblos indígenas de una educación escolar específica y diferenciada.
“La Casa Civil muestra preocupación por la cantidad de pueblos indígenas existentes en Brasil, como si la diversidad cultural y lingüística fuese perjudicial para el erario público. Tal vez, sea ése uno de los motivos que llevó a la Casa Civil a paralizar la demarcación de las Tierras Indígenas”, se afirma en la nota divulgada por la Unila. “Esa actitud es una demostración de un gigantesco retroceso en lo que toca al avance hacia un país multicultural y plurilingüe”.
El Consejo Indigenista Misionero (Cimi) también se manifestó por nota repudiando el veto de la presidenta Dilma. La entidad, que pide la anulación del veto presidencial al PL 5.954-C, cuestiona las justificaciones presentadas por el gobierno sobre la decisión de parar el proyecto.
“Es para cuestionar qué intereses y qué público están en contra de la presencia de las lenguas indígenas en las instituciones de enseñanza, pues todos tendrían algo a ganar con esto, ya que cada lengua indígena incluye una forma única de concebir y pensar el mundo. Del mismo modo, cuestionamos la imposibilidad de incorporar las particularidades de cada sociedad indígena en los procesos de evaluación educacional, a no ser que el objetivo sea la implantación de una educación homogeneizadora, que apunta a extinguir la diversidad constituida por las formas propias de educación de cada pueblo indígena”, se afirma en la nota.
En entrevista con el Instituto Socioambiental (ISA), la antropóloga y lingüista Bruna Franchetto, del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, afirma: “El veto llega para dar el golpe fatal a una educación ya limitada y frágil. La diversidad es una riqueza, pero no lo es para los lacayos del desarrollismo. No hay ninguna política lingüística explícita, adecuada y coherente en Brasil. Los cursos de formación de profesores indígenas, que proliferan en Brasil, o ignoran completamente la existencia de las lenguas indígenas o las tratan con displicencia y profunda ignorancia”.
“No vete nuestro derecho”
En enero de este año, estudiantes de la Maestría Profesional en Sustentabilidad junto a los Pueblos y Tierras Tradicionales (MESPT), de la Universidad de Brasilia (UnB), también se manifestaron en contra del veto de Dilma.
El MESPT incluye a estudiantes indígenas, quilombolas, oriundos de pueblos tradicionales y quienes apoyan las causas de los Pueblos Indígenas, Quilombolas y Tradicionales, los cuales piden que el gobierno “revea su posición en relación con el PL nº 5954/2013; considere los pareceres técnicos elaborados; consulte las instancias de representación nacional indígena, en respeto a la Convención 169 de la OIT. No vete nuestro derecho”.
La Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro (Foirn), en conjunto con la Asociación de Profesores Indígenas del Río Negro (APIARN), la Comisión de los Profesores Indígenas del Alto Río Negro (COPIARN), los coordinadores de las Escuelas Indígenas del Alto Río Negro y los Asesores Pedagógicos Indígenas (APIs), también divulgaron una carta de repudio a los vetos.
En ella, las entidades indígenas critican la falta de consulta a los pueblos por parte del gobierno –contrariando la Convención 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]– y la falta de compromiso con las conquistas democráticas de los pueblos indígenas en Brasil, solicitando al gobierno que revoque el veto al PL 5.954-C.
“Brasil necesita descolonizarse, necesita reconocer la presencia de la diversidad lingüística y cultural del país. Brasil necesita respetar los derechos asegurados por ley, no sólo de los pueblos indígenas, sino de todos los brasileros”, afirman los indígenas del Río Negro.
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Fuente: Agencia de Información Fray Tito para América Latina (Adital): site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cat=10&cod=88161
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