El clima de violencia e impunidad que se vive en las zonas donde prospera la tala ilegal haría cómplice al Estado peruano del asesinato de cuatro indígenas del pueblo Asháninka a manos de madereros ilegales en la región Ucayali. Así lo advirtió el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en una declaración en la que señala que la tala ilegal “opera impunemente en el Perú” y “es ‘blanqueada’ y exportada a vista y paciencia de las autoridades peruanas”.
Precisamente el portal de noticias de la BBC de Londres publicó el martes 9 de setiembre un reportaje fotográfico sobre el “peligroso e inaccesible mundo de la tala ilegal en Perú” que relaciona con el asesinato de cuatro dirigentes indígenas ocurrido el 1 de setiembre.
Las fotografías corresponden al fotógrafo brasileño Felipe Abreu y en él se afirma que la tala ilegal es una actividad que está en peligroso auge y que “provee el 80 por ciento de la madera que exporta Perú”.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) también demandó la captura de los responsables de tan repudiable hecho de muerte y sancionarlos con todo el peso de la ley.
La AIDESEP exigió al Estado Peruano y al Poder Judicial tomar acciones para resolver la corrupción que imperan en las diferentes entidades públicas y sancionar a los funcionarios coludidos con actividades ilícitas como la tala ilegal de madera.
Alto a la criminalización
El Pacto de Unidad denunció asimismo la política de criminalización de la protesta social que se implementa en el Perú y que ha cobrado la vida de 35 víctimas en conflictos sociales solo durante el gobierno del militar Ollanta Humala.
Hace pocos días falleció el adolescente Jhapet Huillca Pereyra (16) al impactarle en el abdomen un proyectil de arma de fuego de largo alcance durante las protestas ciudadanas ocurridas en la provincia de La Convención, en el Cusco.
El Pacto de Unidad solicitó al Ministerio Público “investigar, determinar los culpables de tales crímenes con celeridad e independencia y sancionar con toda la fuerza de la ley y de manera ejemplar a los responsables directos e indirectos de tales asesinatos”.
Asimismo, exhortó al Poder Ejecutivo a designar una Comisión de Alto Nivel que se traslade a la zona y agote los canales de diálogo a fin de atender las justas y legítimas demandas del pueblo de La Convención.
Finalmente señaló que las acciones represivas se producen en un contexto de agresión y vulneración de los derechos territoriales de las comunidades y pueblos originarios expresada en la Ley 30230, conocida también como Ley del paquetazo anti ambiental o Ley Mataparques.
Dicha norma “ha sido elaborada únicamente para favorecer la inversión privada por encima de la persona humana, el derecho a la vida, al ambiente y otros derechos consagrados por la Constitución Política” concluyó.
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