El genocidio del que fueron víctimas indígenas de Brasil en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX ha estallado en el rostro de las una de las economías más emergentes y expansivas luego de que saliera a la luz el Informe Figueiredo, de siete mil páginas, que se creía destruido.
A continuación un breve reporte sobre el tema de Leovani García, corresponsal de Prensa Latina:
El genocidio indígena
Prensa Latina, 10 de junio, 2013.- La lucha de los indígenas brasileños por recuperar la tierra de sus ancestros alcanza más de cinco siglos, marcados por una espeluznante secuencia de atrocidades contra esos grupos étnicos, que en muchos territorios conllevaron su completa extinción.
Brasil no es la excepción: los conquistadores portugueses y españoles despojaron a los nativos de sus terrenos, los expulsaron y masacraron, los utilizaron como esclavos y cuando su número disminuyó, trajeron entonces a negros encadenados de África.
Sin embargo, las crueldades contra los aborígenes continuaron hasta nuestros días. El pasado año salió a luz el denominado “Informe Figueiredo”, que describe los crímenes registrados contra los nativos de Brasil en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX.
El documento, de siete mil páginas y que se estimaba fue destruido durante un extraño incendio, destapa los crímenes en masa, la esclavitud, las torturas, los abusos sexuales, el robo de tierras y hasta el bombardeo de etnias.
El informe, según fuentes de la Fundación Nacional del Indio (Funai), fue realizado por el fiscal Jader de Figueiredo Correia en 1967, de ahí su nombre, y denuncia los envenenamientos y el genocidio de tribus ejecutados por terratenientes y el Servicio de Protección Indígena (SPI).
Según de Figueiredo Correia, varias tribus fueron completamente eliminadas para ocupar sus terrenos y no correr el riesgo de contar con demandantes, crímenes estos que quedaron impunes.
El descubrimiento de ese documento en el Museo del Indio en Brasil generó incertidumbre, hasta reclamos de falsificación, lo cual motivó una investigación judicial y la presentación de acusaciones contra 134 funcionarios por cometer más de mil asesinatos.
Al final, 38 de los empleados perdieron sus cargos, pero ninguno de ellos fue sentenciado o encarcelado, según la organización no gubernamental (ONG) Survival International, la cual anunció que dicho informe será analizado por la Comisión Nacional de la Verdad, la cual investiga las torturas, crímenes y desapariciones registradas durante el periodo de regímenes militares (1964-1985) en Brasil.
Sitios web brasileños señalaron que entre las inhumanas acciones reveladas figura la muerte en 1963 de 30 nativos al ser arrojada dinamita desde un avión contra una comunidad amazónica Cinta Larga.
La empresa Arruda, Junqueira & Co, dedicada a la extracción de caucho fue la causante de este exterminio, denominado “la matanza del paralelo 11″, pues se pretendía eliminar a los aborígenes que se oponían a las actividades con el caucho.
El entonces gerente de esa entidad, Antonio Mascarenhas Junqueira, acusó a los indígenas de ser un estorbo para sus planes y dijo que era “hora de acabar con ellos, es hora de eliminar esta peste”, de acuerdo con la Survival International.
Tras lanzar la dinamita sobre la población de Cinta Larga, varios matones fueron a la comunidad para rematar a posibles sobrevivientes. Por suerte, dos nativos salieron ilesos y contaron lo sucedido.
El envenenamiento de otros cientos de nativos con azúcar mezclada con arsénico, y brutales métodos de tortura como aplastar lentamente los tobillos de las víctimas con un instrumento conocido como el “tronco” son tenebrosos métodos utilizados por colonos y terratenientes para someter y acabar con los aborígenes.
Tras la desaparición en 1967 del Servicio de Protección Indígena (SPI), el gobierno brasileño creó un año después la Fundación Nacional del Indio (Funai), que se encarga de la política llevada a cabo con los pueblos indígenas.
A pesar de los cambios, los tormentos para los nativos no concluye, pues se registran aun en pleno siglo XXI crímenes y asesinatos de líderes indígenas por el mismo motivo de antaño: la tierra
Las acciones de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de Dilma Rousseff permitieron avanzar en la demarcación y entrega de terrenos pertenecientes a los aborígenes, pero la impunidad reinante en el campo facilita que sigan actuando los pistoleros, que son absueltos por la justicia de la clase oligarca.
A modo de ejemplo, la etnia guaraní kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, sigue acosada por criminales pagados por terratenientes que los intimidan y amenazan con expulsarlos de sus terrenos ancestrales.
Los pueblos indígenas sufren la desatención de las autoridades brasileñas y afrontan una de las más graves situaciones desde los tiempos de la dictadura (1964-1985), denunció el coordinador regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Flavio Machado.
Con una población de 45 mil miembros, los guaraní kaiowá constituyen la segunda mayor población nativa del país, pero la mayoría de sus integrantes reside en parcelas acosadas y amenazadas.
Estadísticas de la CIMI revelan que en los últimos 10 años fueron asesinados 12 líderes indígenas solo en el estado de Mato Grosso do Sul, la mayoría de ellos de la etnia guaraní kaiowá.
En noviembre de 2011, en ese territorio brasileño, ubicado en el sur de la región centro-oeste, fue asesinado el líder indígena Nisio Gomez, de 59 años de edad, por 40 hombres encapuchados y pertrechados de armas de fuego.
Testigos de esa comunidad declararon que los sicarios llegaron a un campamento próximo a la carretera MS-386, rodearon a 60 aborígenes y abrieron fuego contra el grupo con balas de goma y proyectiles de grueso calibre.
Gómez, líder espiritual, fue abatido por disparos en la cabeza, el cuello y el tórax, y sus asesinos se llevaron su cuerpo inerte con rumbo desconocido.
Hasta el momento, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) considera que Gómez está desaparecido.
La secretaría de los Derechos Humanos de Brasil condenó este vil asesinato, pero reconoce que la campaña de violencia en el campo continúa.
— Por Leovani García*
* Leovani García es corresponsal de Prensa Latina en Brasil.
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